¿Qué ocurre cuando el sistema de migración trata los cuerpos como propiedad del Estado? En Georgia, decenas de mujeres fueron sometidas a procedimientos ginecológicos sin su consentimiento. Esta es la historia de una de ellas.

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Cynthia (nombre ficticio para proteger su identidad), fue una de las mujeres migrantes detenidas en el centro de Irwin, Georgia, donde, según un informe del Senado estadounidense, más de 50 mujeres fueron sometidas a procedimientos ginecológicos sin consentimiento entre 2017 y 2020. En 2022, las conclusiones del informe se hicieron públicas: hubo una “catástrofe institucional”. Pero para Cynthia, como para muchas otras, esa catástrofe tuvo nombre, olor y tacto. No fue abstracta. Fue invasiva.

Ella llegó a Estados Unidos huyendo de la violencia doméstica en Centroamérica. Había atravesado México en autobuses y a pie, dormido en albergues y en estaciones de servicio. Fue detenida por agentes migratorios a pocas millas de la frontera. No hablaba inglés. No entendía por qué le pedían firmar documentos médicos. No sabía que el doctor Mahendra Amin, el médico del centro, estaba siendo investigado por la frecuencia con la que realizaba cirugías reproductivas a mujeres como ella sin una justificación médica clara.

Un año después, Cynthia aún sufre hemorragias irregulares. La cirugía que le realizaron —que cree fue un legrado, aunque nunca se lo confirmaron— le ha dejado secuelas físicas y psicológicas. “Sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía”, dice con voz baja en una videollamada, su rostro oculto por la sombra de una lámpara tenue. “No sabía si estaba enferma o si me habían hecho algo sin razón”.

Los detalles del informe del Senado son consistentes con su testimonio. Según el documento, más del 40% de los procedimientos ginecológicos practicados por el Dr. Amin fueron considerados innecesarios por expertos médicos independientes. En muchos casos, las mujeres no entendían qué les iban a hacer ni por qué. Algunas eran menores de edad. Otras no hablaban inglés. Ninguna dio consentimiento informado conforme a los estándares médicos internacionales (The Guardian, 2022).

El caso cobró notoriedad gracias a la denuncia de Dawn Wooten, enfermera del centro, quien alertó a las autoridades tras observar lo que ella describió como un patrón de abusos. Su testimonio fue validado por múltiples organismos de derechos civiles y provocó una investigación federal. La historia ocupó titulares durante semanas, pero luego fue desplazada por otras crisis. Cynthia y las demás quedaron al margen del interés público. El centro de Irwin cerró su unidad de detención para mujeres en 2021, pero ninguna institución ha asumido responsabilidad penal por lo ocurrido. El doctor Amin ha negado las acusaciones y no ha enfrentado cargos hasta la fecha (The Guardian, 2022)

La historia de Cynthia revela una falla estructural más profunda: la vulnerabilidad absoluta de las mujeres migrantes bajo custodia estatal. Su estatus legal, el idioma, la falta de redes y la xenofobia sistémica crean una tormenta perfecta. En palabras del informe del Senado: “El sistema priorizó la eficiencia operativa por encima de la dignidad humana”.

Afuera de Irwin, algunas organizaciones han intentado revertir ese daño. El Amani Women’s Center en Atlanta ofrece apoyo terapéutico, asesoría legal y acompañamiento psicosocial a mujeres migrantes que han pasado por detención. Su directora, Mariama Sillah, sostiene que “el daño no es solo físico, es espiritual. Les hicieron sentir que su cuerpo era desechable”.

Cynthia ahora vive con una familia anfitriona en el sureste de Estados Unidos. Está aprendiendo inglés y trabaja limpiando oficinas por las noches. Su estatus migratorio sigue en revisión. Dice que hablar es su forma de resistir. “No quiero que otra mujer pase por esto y no lo cuente”, afirma. “Nos hicieron sentir como si no importáramos. Pero sí importamos. Siempre importamos”.

Hay crímenes que no dejan pruebas visibles, pero dejan cuerpos marcados. Y hay sistemas que los permiten en silencio. El caso de Irwin no es una excepción. Es un síntoma. Y como todo síntoma, exige diagnóstico, justicia y memoria. Porque cuando el cuerpo de una mujer se convierte en zona gris del derecho, el daño ya no es médico: es político.

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_{The Guardian. (2022, noviembre 15). US Senate investigates 'catastrophic failure' to protect female migrant detainees.}