En los distintos departamentos del país, no contar con los profesionales idóneos en las aulas de clase para atender las necesidades de los alumnos en condición de discapacidad se ha convertido en una discapacidad del gobierno. Hoy los recursos girados por el ministerio de educación a las entidades territoriales certificadas de acuerdo a la ley 1421 de 2017 no se ejecutan según la norma, y esto ha llevado a violentar el derecho de educación de una población vulnerable.

 El desconocimiento y no aplicación de la normatividad pasa por alto una serie de parámetros que permiten la inclusión de esta población a un aula y a un aprendizaje significativo sin ser segregados, integrados o excluidos. Donde lo realmente importante sea poner en práctica los ajustes razonables y estrategias de diseño universal de aprendizaje para ofrecer educación de calidad a todos y todas sin discriminación alguna.

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